¿QUÉ LENGUAJE TENDRÁ LA NUEVA CONSTITUCIÓN? Por Enrique Fernández

TEXTO:  ENRIQUE FERNÁNDEZ

ELISA LONCON

¿QUÉ LENGUAJE TENDRÁ LA NUEVA CONSTITUCIÓN?

Por Enrique Fernández

¿Qué palabras escogerán los 155 miembros de la Convención Constitucional para redactar la nueva Carta que pondrá fin a la Constitución de 1980?

¿Utilizarán términos rebuscados, ambigüedades, tecnicismos jurídicos? ¿O elegirán palabras precisas, simples y claras para evitar interpretaciones contrapuestas frente a un determinado tema?

Cuenta la leyenda que el dictador Augusto Pinochet promulgó ciertas “leyes secretas”, que por ser secretas nadie conoció. Una Constitución, en cambio, debe ser conocida por todos. Eso requiere que su lenguaje esté al alcance de todos y no sólo de los juristas y académicos del Derecho. Como Carta Fundamental o madre de todas las leyes, una Constitución es consecuencia del desarrollo cultural de toda la sociedad, en la visión del constitucionalista alemán Peter Haberle.

PETER HABERLE

“La Constitución no es solamente un texto jurídico ni tampoco una acumulación de normas superiores, es también expresión de un estado de desarrollo cultural, un medio de auto representación de un pueblo, un espejo de su herencia cultural y un fundamento de sus nuevas esperanzas”, dice Haberle, una de las voces más autorizadas en el derecho constitucional moderno.

Como fenómeno cultural, a diferencia de la Constitución de Pinochet, obra de un grupo selecto de redactores designados por el dictador, la nueva Carta que tendrá Chile podrá ser, siguiendo a Haberle, “la obra de todos los intérpretes constitucionales de la sociedad abierta”. Por lo tanto, más que un texto jurídico, será “una expresión y mediación cultural”. *

Y aquí es dónde cobra fuerza nuestra interrogante inicial: ¿Qué lenguaje utilizarán estos intérpretes constitucionales de la sociedad para cumplir su tarea en un plazo inicial de nueve meses?

“Los derechos lingüísticos son derechos humanos fundamentales. Gracias a nuestra lengua somos seres humanos”, advirtió la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, profesora de inglés, doctora en lingüística y representante del pueblo mapuche. Su advertencia fue una reacción frente a las protestas de la constituyente Teresa Marinovic, en desacuerdo con que la presidenta y la machi Francisca Linconao hablaran en mapuzungún en algunas de sus intervenciones.

Es claro que una vez aprobada la nueva Constitución el próximo año, su texto podrá ser publicado tanto en castellano como en las lenguas de los pueblos originarios representados en la Convención. Lo que no está claro es si los y las constituyentes van a tratar de introducir en el articulado el “lenguaje inclusivo”, que desde hace algún tiempo menciona de manera específica a hombres y mujeres.

Ejemplo típico es el uso de la fórmula “todos y todas”, cuando un se refiere a una audiencia donde hay ciudadanos y ciudadanas. Algunos van más allá y aluden a “todos, todas y todes”, para incorporar a las minorías sexuales. Y otros, como el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, emplean el modo femenino genérico en vez del masculino y se refieren a “nosotras”, para destacar el significado de “personas” por sobe la diferencia entre hombres y mujeres.

¿Qué hicieron algunos países vecinos cuando en los últimos años reformaron sus constituciones? Algunos optaron por la modalidad inclusiva, como Venezuela en la Constitución que promulgó el extinto presidente Hugo Chavez en 1999. Veamos uno de sus 350 artículos permanentes (además de 18 transitorios). Dice:

“Artículo 160. El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana”.

 

 

Lo mismo ocurre con la Constitución de Bolivia:

“Artículo 166. I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto”.

En Chile surgió hace dos años un indicio de lo que puede ocurrir en la Convención, cuando la Comisión de Régimen Interior de la Cámara de Diputados aprobó cambiar el nombre de esta rama del Parlamento por el de “Cámara de Diputadas y Diputados”. Pero los honorables legisladores omitieron un paso fundamental para concretar ese cambio: reformar la Constitución actual.

¿Por qué?, se preguntará usted. Porque a partir del Capítulo V de sus disposiciones, en su artículo 46 establece que el Congreso Nacional “se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado”. Si se modifica la Carta ese artículo 46 deberá decir que el Congreso Nacional “se compone de dos ramas: “la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado”.

También habrá que cambiar el artículo 47, cuando dice que “la Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa”. Y así, sucesivamente, cada vez que en la Constitución aparece la palabra “diputados” habría que agregar “y diputadas”. ¿Cuántas veces? Sesenta y una, para ser exactos, entre el artículo 46 y la disposición vigésimo octava transitoria.

Tarea para los y las convencionales. Ellos y ellas determinarán si acatan las normas de la Real Academia Española (RAE), que no acepta el lenguaje “inclusivo” o aplican el modelo lingüístico de Venezuela y Bolivia.

 

 

* Peter Haberle, “La Constitución como cultura”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional Nº 5, 2002, Pág. 194

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