Usaron términos entre los que menudearon las palabras delincuente y política. Era la evaluación de una jornada violenta en que tres vehículos de la locomoción colectiva fueron incendiados. Y las cifras oficiales hablan de 104 detenidos y de 43 carabineros lesionados.  Nuevamente, los manifestantes civiles resultaron ilesos.

La Intendenta Cecilia Pérez enjuició la manifestación severamente.  Sin embargo, sus conclusiones son más bien pobres. Todo lo adjudicó a “la política”.  Su argumentación de fondo fue que la movilización estudiantil había dejado de ser una manifestación ciudadana para transformarse en una expresión netamente política.  Y que, además, había arrasado con la institucionalidad vigente, al ser una marcha no autorizada por ella.  Luego, el presidente Sebastián Piñera abundó en descalificaciones de los manifestantes y alertó sobre la violenta realidad que vive Chile.  Todo ello -dijo- alentado por delincuentes que queman buses, casas, maquinarias, etc.  O sea, la totalidad de los reclamos -desde las demandas mapuches hasta los estudiantes- fueron colocados en un mismo saco. Es posible que el presidente tenga razón.  Que el malestar de los chilenos tenga tantas cabezas como la mitológica Hidra.

La ministra Evelyn Matthei hizo también su aporte.  Dijo que esperaba que se castigara a los culpables de los desmanes de manera drástica. Y abogó porque a éstos no les tocara la misma sala de la Corte que juzgó a Luciano Pitronello, el joven que, pese a perder una de sus manos al intentar colocar una bomba, no fue condenado como terrorista. La ministra se escudó en el derecho a tener su opinión personal para cuestionar duramente a los jueces de este caso. Y así, endureció aún más la disputa que se mantiene entre dos Poderes del Estado: el Ejecutivo y el Judicial. Y pasó a darle razón, pero desde otra banda, a la Intendenta Pérez en su visión de que la institucionalidad chilena es constantemente mancillada. 

Lo concreto es que la fuerza del movimiento estudiantil ha menguado.  Y era un objetivo que claramente perseguía la autoridad.  Pese a las grandes movilizaciones del año pasado, ni siquiera se ha podido lograr que termine el lucro en la educación, aunque por ley de la República no debe existir. Otro elemento que avala que la institucionalidad chilena vale hongo para los que la pueden soslayar.  Y esos no son sólo los delincuentes encapuchados que denuncia el presidente Piñera.  También hay otros que son cercanos suyos. No hay que ir muy lejos ni aguzar demasiado la mirada.  Ni siquiera trasladarse hasta la dictadura para recordar a quienes, hoy en el gobierno, apoyaron el quiebre de la democracia chilena.  Las pruebas están aún más a la mano. El propio mandatario, ya en democracia (23 de agosto de 1992), fue objeto de una maniobra encubierta llevada a cabo por organismos de inteligencia del Ejército. El empresario Ricardo Claro -con excelentes nexos con personajes como Augusto Pinochet y Manuel Contreras- utilizó una grabación ilegal para desenmascarar a Piñera que intentaba perjudicar a su hoy ministra del Trabajo, Evelyn Matthei. La institucionalidad fue limpiamente sobrepasada en una jugada destinada a cobrar a Piñera antiguas deudas por negocios en que perjudicó a Claro.  Y la justicia chilena guardó un recatado silencio.  Tal como lo hizo con la responsabilidad de Pinochet en los atropellos a los derechos humanos.

Sí, la institucionalidad chilena está siendo constantemente pisoteada.  Y es por eso que la crisis que se vive ha llegado hasta los estamentos sociales. Los ciudadanos ya no confían en sus estructuras democráticas. Saben que pueden ser torcidas de acuerdo al poder de quienes las manipulan. Este es el escenario que se tendría que abordar.  No limitarse, como la Intendente Pérez, a descubrir que las manifestaciones son políticas.  Ese argumento es válido en una dictadura, pero la política tiene que ser rescatada en democracia.  Es su sustento.  Y quien no comprende aquello, simplemente no puede jugar un rol de referente en un Estado democrático. Porque de hacerlo le será imposible alcanzar las soluciones que llegan mediante el diálogo y no por la represión o el desgate de reclamos reiterados que, sin solución, desembocan en violencia.

Claro que es condenable la violencia, qué duda cabe.  No se puede recurrir a ella para resolver problemas. Pero en una sociedad, las iniquidades cierran puertas al desarrollo personal.  Y si bien eso no justifica la reacción violenta, al menos permite detectar que allí está un detonante.  Y desactivarlo corresponde no sólo a los ejecutores de la violencia, sino a quienes permiten, desde el poder, que las diferencias de posibilidades sean tan marcadas entre ricos y pobres.

Hoy, las manifestaciones estudiantiles parecen ya no concitar la adhesión primigenia. Eso, pese a que la mayor parte de la ciudadanía apoya sus demandas. Pero todos sabemos, incluidos los propios dirigentes estudiantiles, que ningún movimiento puede mantenerse indefinidamente. Y hasta ahora, a eso parece haber jugado la autoridad.  Reprime a quienes protestan y no entrega soluciones para problemas que reconoce como reales.

Es el peor de los escenarios.  Porque es el que permite que la institucionalidad se cree y fortalezca a la medida de los grupos de poder.

Por Wilson Tapia Villalobos