TEXTO: Por Enrique Fernández
SOBREPASADOS
Por segunda vez en menos de un mes el Ministro de Defensa Alberto Espina admitió que la autoridad está sobrepasada y que no puede controlar el orden público.
Tan delicado reconocimiento se produce al día siguiente del ataque con bombas molotov a una subcomisaría de Carabineros y un cantón de reclutamiento del Ejército en Antofagasta, el incendio de un hotel y la Secretaría Regional de Educación en La Serena, barricadas en calles y autopistas, además del cierre de varias estaciones del metro por disturbios en Santiago.
A ese panorama se suma la dramática comunicación radial de un oficial de Carabineros con su superior, durante el saqueo al Portal El Bellloto, de Quilpué, donde informa que sus hombres se sienten superados por los saqueadores: “Nos retiramos de El Belloto, estamos absolutamente superados, tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados… bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopetas…”, dice el jefe de la patrulla desde el lugar del enfrentamiento.
Cuatro semanas antes, el ministro Espina concurrió por primera vez, desde el comienzo del estallido social, hasta la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde afirmó que los saqueos, incendios y otras acciones violentas “tienen a la policía absolutamente llegando al límite de sus capacidades”.
En su nuevo informe ante la misma comisión parlamentaria, Espina fue más allá de ese límite al que aludió antes y ahora señaló que consideraba su deber mostrar la realidad de lo que ocurre, a través de un cuadro que, en sus palabras, se resume así:
“Asaltos, saqueos, enfrentamientos en las calles entre ciudadanos, policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados”.
“La situación que está viviendo el país –aseguró- es extremadamente crítica… Extremadamente crítica en materia de seguridad. Se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia»,
Y es precisamente la democracia la que está “amenazada”, según previno el Ministro del Intrerior Gonzalo Blumel, en alusión a los niveles de violencia que ponen en peligro los acuerdos por la paz y la nueva Constitución. El punto de partida del estallido social, cuya onda expansiva se mantiene hasta hoy, fue el viernes 18 de octubre. Fue a raíz de los primeros saqueos e incendios en las estaciones del metro que el Presidente Sebastián Piñera decretó el Estado de Emergencia. Mantuvo a los militares en las calles por algunas horas y anunció que el país se hallaba en “guerra contra un enemigo poderoso” al que no identificó.
Ese enemigo efectuó hasta ahora más de 400 saqueos en los que la policía incautó 155 automóviles utlizados por los saqueadores. A esta violencia delictiva se suma el descontrol de la represión policial, con más de 200 manifestantes heridos en sus ojos y 23 muertos, la mitad de ellos en medio de los incendios de supermercados y otros recintos.
Son algunos de los antecedentes que tuvieron en cuenta Amnistía Internacional y la organización Human Richt Watch, para denunciar “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas principalmente por los carabineros.
¿No fue posible que la autoridad previera esta explosión social y sus consecuencias? La respuesta está en la nula efectividad de los servicios de inteligencia del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de la policía. En los meses previos a este viernes 18 de octubre se observaba sin embargo una creciente efervescencia social, cuya señal más elocuente surgió del Instituto Nacional, el primer colegio de Chile situado en el corazón de Santiago.
Horas antes del estallido, estudiantes encapuchados incendiaron la inspectoría de su colegio, que en su himno se declara “foco de luz de la nación”. Cuando llegaron los bomberos lanzaron contra ellos piedras y bombas molotov. También su furia apuntó a los transeúntes y periodistas. Era la culminación de una serie de actos similares en el plantel educacional fundado hace 206 años, en los albores de la República.
La rectora del instituto, Lilí Orell, admitió que la situación se salió de control y que los profesores no estaban preparados para abordar la dimensión delictual que adquirieron las demandas estudiantiles. “No estamos capacitados para atender este tipo de situaciones de índole delictivo. Los profesores e inspectores no tienen la formación para enfrentar este tipo de hechos”, reconoció la profesora.
¿Será esa misma falta de preparación la que hoy se observa en las autoridades?
Después del incendio. grupos de jóvenes de este y otros liceos bajaron a la estación del metro más cercana, la Estación Universidad de Chile, y saltaron sus torniquetes, evadiendo el pago del pasaje para protestar por el alza de 30 pesos que en todo caso no afectaba al pase de los escolares.
– ¡Evadir, no pagar… otra forma de luchar! –gritaron cientos de niñas y jóvenes en una alegre algarabía que nadie pudo controlar. Después vendrían la expansión de la violencia, porque el estallido no era sólo por el alza de 30 pesos sino por “30 años de abusos”, “no más AFP”, salarios justos, pensiones dignas y una nueva Constitución.
Y aquí estamos, a cinco semanas de lo que nadie previó.
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